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Chequear la información

Es curioso lo que sucedió ayer y hoy ante un tuit, ¡un tuit!, que le envié a la gente de @Chequeado consultándoles acerca de su modo de financiamiento. Es cierto, pude haberme fijado antes en su web pero no lo hice. Les escribí espontáneamente, como suele suceder a menudo en Twitter, para saber cómo sostienen su proyecto.

Soy periodista. Conozco muy bien el oficio y su ABC que es justamente chequear la información antes de publicarla o difundirla. Esa es, justamente, una de las crisis de los medios periodísticos contemporáneos. No chequear nada. Publicar lo que sea. Tuvimos un brutal ejemplo en estos días con la falsa foto de Hugo Chávez que publicó el diario El País. Insisto, el drama del periodismo en la actualidad es haber perdido aquello único que lo hacía creíble que era chequear y rechequear la información antes de publicarla. Importa la primicia, me dirán. Es una eterna discusión. El afán de la primicia a veces nos hace pagar costos muy altos como sociedad. Pero, sinceramente, creo que ya no es ni siquiera la primicia el objetivo sino la política, sí la política que se hace a través de los medios de comunicación bajo el disfraz de la neutralidad y de la objetividad. La política que también se hace a través de las ONG. Y eso no está mal. Lo malo es ocultarlo. Lo malo es vestirse con ropajes de objetividad que oculten tus objetivos y los intereses de aquellos que te sostienen. Y no estoy diciendo con esto que todos/as lo hagan pero sobran ejemplos de quiénes sí lo hacen.

Repitámoslo una vez más: no hay neutralidad ni objetividad en los medios de comunicación, ni en las redes sociales ni en las ONG. Creer eso es comprarse un buzón del tamaño del planeta Tierra. Somos sujetos con intereses, valores, defectos y virtudes. Esto es lo que trasciende en los ámbitos en los que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales y nuestros emprendimientos.

Siempre existió en los medios de comunicación una línea editorial y obviamente ésta deriva de una ideología. Rafael Correa diría que lo único que existe es la libertad de empresa, yo no me atrevería a algo tan drástico -aunque avalo su punto de vista- porque creo en los resquicios que van surgiendo. Creo en la posibilidad de crear y generar cuestiones virtuosas y conciencia creativa y ciudadana desde los márgenes. De todas formas si vemos la película, y no la foto, desde que las corporaciones se adueñaron de los medios de comunicación, porque los comprendieron necesarios para seguir consolidando su enorme poder, todo el libreto es acerca de negocios (privados y públicos) y poder. Creer otra cosa es pecar de ingenuo/a. Entender la política nada más que como decisiones que surgen de un gobierno es de miopes. ¿Acaso las corporaciones, los bancos, las ONG financiadas por éstos no juegan su juego?

Reitero, como periodista le doy gran valor al chequeo de la información. No hay profesión ni oficio de periodista que se precie de tal sin esa práctica. Como ciudadana me parece perfecto que se chequee el discurso público. Es algo que los medios de comunicación han dejado de hacer desde hace rato y en el caso que nos incumbe lo hace una ONG. Chequear es una forma que tenemos de generar lo que se suele llamar accountability en inglés, o rendición de cuentas. Por supuesto que los poderes del estado deben rendir cuentas. Estamos, de hecho, en plena discusión acerca de este asunto en cuanto al Poder Judicial encerrrado en su torre de marfil (esto será asunto de otro post). Pero me parece también necesario, justamente porque hace a este circuito virtuoso que pretendemos de transparencia, saber cómo se financia un proyecto como Chequeado. A tal punto es importante que ellos mismos lo publican en su web. Me disculpo por no haberlo buscado antes de preguntarles.

Aquí pueden leer la extensa explicación de Chequeado sobre ellos mismos. Dicen: “La intención de Chequeado.com es ayudar a reducir el margen de impunidad intelectual en aquello que se dice, se escribe, se promete, se critica o se oculta.” Está muy bien. Y agregan: “el objetivo es enriquecer la calidad de la democracia en la Argentina”. ¿Qué persona de buena voluntad puede estar en contra de eso?

Chequeado también reconoce que nuestro derecho a la información puede estar afectado “por razones vinculadas a intereses particulares”. Me detengo aquí un instante para explicar a aquellos que me saltaron a la yugular cuando le consulté a Chequeado cómo se financian, que lo hice por esta misma razón. Una tuitera me dijo que yo me metía con un “ciudadano común” que no está obligado a revelar cómo se financia. A ver, resulta muy obvio pero habrá que puntualizarlo: Chequeado no es un ciudadano común. Según ellos mismos informan: “La Voz Pública-Chequeado.com es una organización no gubernamental, no partidaria y sin fines de lucro cuya personería se encuentra en trámite en la Inspección General de Justicia desde octubre de 2011.” Chequeado no es un ciudadano común porque un ciudadano común no suele disponer de $800.000 para desarrollar sus actividades laborales. Un ciudadano común no tiene el respaldo de empresas, bancos y ONGs como pueden ver en lo que sigue. Seguramente porque Chequeado comprende el valor de la transparencia es que publica este detalle:

Chequeado financiamiento

ONGs apoyan a Chequeado

Chequeado no es una idea que nace en la Argentina sino que se inspira en otras experiencias estadounidenses, británicas y francesas.
Fact Check

Channel 4 News Fact Check

Politifact

Les décodeurs

No conozco a la gente de Chequeado. Si sus objetivos son loables les deseo que los puedan llevar a cabo tal como lo pretenden. Tampoco tengo idea de quiénes son las personas que me interpelaron vía Twitter, una diciendo que yo informara mi CUIT así me investigaba, y la otra preguntándome si yo era de la Gestapo. Y lo hicieron en nombre del resguardo de la libertad ciudadana. Insólito. ¿Acaso yo no puedo preguntar lo que se me ocurre sin ser sospechada de terrorista o nazi? ¿Se dará cuenta esta gente de su contradicción? Vivimos tiempos de distorsiones que preocupan.

Soy periodista. Pregunto. Vivo de preguntar. ¿Si hubiera hecho la pregunta siendo periodista de Clarín o Le Monde diplomatique entonces sería más válida? ¿No me hubieran cuestionado? Pasan muchas cosas -buenas, malas, aburridas, divertidas, delictivas- en las redes, como en la vida misma. Esta no la quise dejar pasar.

Ryzsard Kapuściński y el cambio profundo en la profesión de periodista

Hoy recordé este pasaje en el que R.K. reflexiona sobre ciertos cambios de paradigmas en el oficio de periodista que, hoy en día, son flagrantes. Kapuściński definió, años atrás, a los periodistas como “media workers”, trabajadores de los medios masivos, que muchas veces penan por conciliar su trabajo con la responsabilidad inherente a su profesión.

Aquí va, no sin antes decir que banco el derecho a preguntar, porque es esencial en una democracia. Así como no hay democracia sin igualdad, tampoco la hay sin periodismo. Pero, periodismo no es lo mismo que comunicación al servicio de intereses, en diversos sectores de la economía, de las corporaciones mediáticas que buscan maximizar beneficios. Es lo que hacen con las noticias transformadas en mercancías y los resultados están a la vista. Es por eso, y para eso, que han invertido en medios de comunicación y no precisamente para contribuir con la verdad a los cimientos de la democracia. No digo que esté mal porque la esencia de una compañía comercial es el lucro. Digo que veamos el bosque, sobre todo cuando algunos están señalando solo el árbol de la entrada. Digo que no es un dato menor. Es un dato esencial a la hora del análisis, de los reclamos y de pensar las reglas de juego del tablero actual.

Por eso no banco a los periodistas disfrazados de tales que, además, a esta altura, todos/as lo sabemos, (habrá quienes quieran mirar para otro lado, es su derecho) se erigen en mártires de la nada y en abogados/as de lo indefendible.

Maestro, lo leeemos y estamos llenos de preguntas pero también conservamos algunas certezas.

Cronología de un cambio profundo en la profesión de periodista

Por R.K.

Hace 50 años este oficio se veía muy diferente a como se percibe hoy: se trataba de una profesión de alto respeto y dignidad, que jugaba un papel intelectual y político. (…) pero eso cambió en los últimos 20 años, a partir de una tremenda transformación en las prácticas de este oficio.

Conviene tener presente que trabajamos con la materia más delicada de este mundo: la gente. Con nuestras palabras, con lo que escribimos sobre ellos podemos destruirles la vida. (…) nuestro criterio ético debe basarse en el respeto a la integridad y la imagen del otro. (…) en general se trata de gente que carece de recursos para defenderse, que no puede hacer nada.

Nuestro oficio comenzó a cambiar como consecuencia de la revolución tecnológica que permitió transmitir la noticia de manera fácil e inmediata. La segunda razón, acaso la más importante es que la noticia se convirtió en un buen negocio. Este acontecimiento tiene suma importancia ya que al descubrimiento del enorme valor económico de la noticia se debe la llegada del gran capital a los medios de comunicación. Normalmente el periodismo se hacía por ambición o por ideales, pero de repente se adviritió que la noticia era negocio, que permiía ganar dinero pronto y en grandes cantidades. Eso cambió totalmente nuestro ambiente de trabajo. Cuando el gran capital llegó a nuestra profesión configuró redes de comunicación masiva que dividieron el campo de la noticia en dos sectores desiguales: los grandes multimedia y los pequeños medios marginados. La dirección de esos grandes multimedia quedó en manos de personas que no venían del periodismo ni se interesaban por esa profesión, sino que la veían como una mera herramienta, un instrumento para obtener ganancias altas y rápidas. (…) existe una brecha entre los dueños y gerentes de los medios y nosotros, los periodistas, porque ellos persiguen otros intereses y objetivos. Hoy al cronista que llega de hacer una cobertura su jefe no le pregunta si la noticia que trae es verdadera, sino si es interesante y si la puede vender. Este es el cambio más profundo en el mundo de los medios: el reemplazo de una ética por otra. Nuestra profesión siempre se basó en la búsqueda de la verdad: el valor de la noticia o del texto era dar cuenta de la verdad. Muchas veces la información funcionó como un arma en la lucha política, por la influencia o por el poder. Pero hoy, tras el ingreso del gran capital a los medios masivos, ese valor fue reemplazado por la búsqueda de lo interesante lo que se puede vender. Por verdadera que sea una información, carecerá de valor si no está en condiciones de interesar a un público que, por otro lado, es crecientemente caprichoso. (…) el problema actual de la comunicación es que la palabra ya no tiene el peso de antes.

Ahora que la información es una mercancía bajo las leyes del Mercado, es decir, destinada a obtener una rentabilidad máxima y apuntar al monopolio, los antiguos héroes del periodismo han sido reemplazados, en buena medida, por un nutrido número de esos anónimos trabajadores de los medios que ya mencionamos. Hoy el soldado de nuestro oficio no investiga en busca de la verdad, sino con el fin de hallar acontecimientos sensacionales que puedan aparecer entre los títulos principales de su  medio.  (…) el periodismo ha dejado de ser una misión y muchas de las personas que trabajan en los medios lo consideran una ocupación como cualquier otra, que bien pueden abandonar para ingresar a una agencia de publicidad o ser corredor de bolsa. (…) en el mundo contemporáneo, tener medios de comunicación significa tener poder. (…) Si antes la prensa tenía por fin reflejar el mundo, ahora los grandes medios se limitan a reflejar su mundo compitiendo entre ellos. Ya no les interesa tanto lo que sucede afuera, sino que los demás medios no se les adelanten, que no publiquen algo que ellos no tienen. (…) Para competir entre sí los medios andan siempre en banda, como resultado de lo cual cada uno mira al otro y ninguno mira al mundo. De ahí que, si en el mundo ocurren varios acontecimientos a la vez, los medios solo cubren un hecho: el que atrae a la manada.

Ese es un problema acuciante de nuestar profesión: a los periodistas se les da muy poco tiempo para juntar la información con que escribirán la noticia o la crónica. Si se quiere hacer las cosas bien, con la profundidad que requiere el ejercicio de esta profesión, hace falta contar con tiempo. (…) he aquí la lucha permanente entre los editores y los reporteros: unos consideran que es suficiente un día de investigación para producir un artículo; los otros sabemos que eso no es posible. (…) el periodista se halla bajo la presión de jefes  que le dicen que si no tiene material de portada, lo sacan. Yo estoy en contra de esa clase de prensa sensacionalista, porque pasa por alto que un periodista es un ciudadano que, como cualquier otro, debe velar por el bien común. No debe movernos solo la responsabilidad profesional, sino también la ciudadana que nos hace preguntarnos si lo que hacemos es bueno para nuestra comunidad, para nuestra nación.

Extraído de Ryzsard Kapuscinski, Los cinco sentidos del periodista, Fondo de Cultura Económica, 2003.

¡uau qué fallo!

Aplausos para la jueza Gabriela Seijas que en su fallo sobre el matrimonio homosexual no solo comienza hablando del amor sino que nos ilustra de manera increíble jerarquizando el derecho a la igualdad y a no ser discriminadxs.
¡Clap, clap, clap!
Un fallo histórico. Ahí va:
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“FREYRE ALEJANDRO CONTRA GCBA SOBRE  AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 34292 / 0
Ciudad de Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que debido al amor y la admiración mutua que se profesan, y luego de cuatro años de vivir en pareja, los actores decidieron contraer matrimonio. Relatan que se conocieron en Mar del Plata, en marzo de 2005, en el marco de un encuentro en que actuaron como coordinadores. El 22 de abril de 2009 se presentaron ante el Registro Nacional de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la calle Uriburu 1022, a fin de pedir una fecha para casarse. El Registro denegó su petición debido a que había un impedimento, ambos son hombres.
Entonces, Alejandro Freyre y José María Di Bello, con el patrocinio de la doctora Lorena Gutiérrez Villar, promovieron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se ordene a las autoridades correspondientes que se les permita contraer matrimonio y que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 172, 188 y concordantes del Código Civil.
Alegaron que ni en la Constitución Nacional, ni en los tratados internacionales, ni en la legislación vigente existe una definición de familia limitada a la unión entre un hombre y una mujer (v. fs. 10).
Destacaron que sólo pueden alegarse como motivos de oposición los establecidos en la ley, y que en el artículo 176 no se establece como impedimento que un hombre pueda contraer matrimonio con otro hombre (v. fs. 14).
Indicaron que la única norma del ordenamiento positivo nacional que exige en forma manifiesta la diversidad de sexo de los contrayentes es el artículo 188 del Código Civil en cuanto establece que “[e]n el acto de celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199, y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer…”.
En síntesis, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de toda norma que les prohíba contraer matrimonio.
Fundaron su pretensión en derecho, doctrina y jurisprudencia, ofrecieron prueba e hicieron reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 31/43 vta., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó la demanda. Sostuvo que la acción de amparo no era la vía apropiada, por cuanto no era el medio judicial más idóneo para dilucidar la cuestión.
Señaló que los actores no identificaron cuáles eran las concretas conductas u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegítimas del Gobierno supuestamente lesivas de sus derechos constitucionales.
Indicó que se limitaron a describir normativa legal, constitucional e internacional, sin expresar cuáles son, en la especie, las que se hallarían incumplidas o violadas por el Gobierno. En su criterio, la demanda resulta genérica, imprecisa y “no ajustada a la realidad” (v. fs. 33vta.).
Manifestó que debido a su alta complejidad, el tema traído a juicio requiere  mayor amplitud de debate y prueba, y que la presentación de los actores carece de sustrato probatorio.
Sostuvo que la denegatoria a otorgar un turno para contraer matrimonio se basa en la imposibilidad jurídica generada por las normas que regulan el instituto. Justificó la actuación de las autoridades del Registro afirmando que “el cumplimiento de una obligación legal por parte de la autoridad administrativa, no puede constituir como ilícito ningún acto (doctrina del art. 1071 del Código Civil)” (v. fs. 33vta.).
En consecuencia, aseveró: “La pretensión amparista parece desconocer que para emitir un acto administrativo de cognición que constate o certifique un matrimonio entre personas del mismo sexo es menester que, previamente, la Administración decida la inaplicación de normas legales: los art. 172 y 188 del Código Civil (Ley 340 modificado por Ley 23.515)” (v. fs. 34vta.).  Al respecto, afirmó que la Administración local carece de competencia para ejercer funciones judiciales —a fin de declarar la inconstitucionalidad de ambos artículos—, y que tampoco puede decidir sobre materias que, atento lo prescripto por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, son de competencia exclusiva del Estado Nacional.
Indicó que si el Gobierno hubiera otorgado el turno solicitado, la falta de uno de los elementos formales —la diversidad de sexos— habría concluido en la inexistencia del matrimonio.
En su criterio, resulta notorio que la acción interpuesta procura utilizar al Poder Judicial para interferir en las potestades conferidas al Congreso Nacional y que la decisión de modificar el Código Civil es privativa y exclusiva del Poder Legislativo. De lo contrario, dijo, se afectaría el principio de división de poderes. Indicó que la pretensión de los actores se dirige a que el Poder Judicial fiscalice la oportunidad, merito y conveniencia de una decisión adoptada por el Congreso, en el marco de su competencia constitucional.
Informó que la oficial pública a cargo del Registro Civil de la calle Uriburu ofreció a los actores la alternativa de la unión civil (ley 1.004), régimen jurídico que les permitiría concretar la aspiración de formar una familia (v. fs. 38).
Señaló que para fundamentar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas es preciso que se acredite con veracidad comprobada el derecho o garantía constitucional cercenado. En su criterio, los actores no demostraron que las normas cuestionadas ocasionen lesión o daño a alguna garantía constitucional.
Manifestó que no existe discriminación alguna, puesto que los actores no han acreditado hallarse en la misma situación fáctica y jurídica que el resto de las personas que han decidido contraer matrimonio conforme a la legislación vigente. En su criterio, el principio de igualdad no requiere tratar a todos los individuos de igual manera, sino sólo a los iguales. Agregó que la igualdad garantizada por la Constitución es la igualdad ante la ley, por lo que la diversidad de circunstancias justifica los diversos tratamientos legales. En su criterio, la discriminación alegada por los actores no resiste el menor análisis (v. fs. 41).
Acusó a la parte actora de “deformar” la regulación normativa prevista en los pactos internacionales, porque si bien el Pacto de Derechos Civiles y Políticos  garantiza la eliminación de todo tipo de discriminación y el derecho de hombres y mujeres a contraer matrimonio y formar una familia, esto no implica facultar a personas del mismo sexo a hacerlo (v. fs. 38/38vta.).
Concluyó que el planteo de inconstitucionalidad debía ser rechazado atento a que los actores no probaron que las disposiciones del Código Civil ¾por ellos impugnadas¾ afectasen el derecho a la igualdad o fueran discriminatorias.
III. Que teniendo en cuenta las afirmaciones de la demandada, parece menester recordar que  el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional diferencia la atribución de dictar normas de derecho común y de derecho federal —a cargo del Congreso Nacional— de la atribución jurisdiccional para resolver conflictos sobre la primera de esas materias, a cargo de los estados locales. En concordancia con los artículos 5º, 116, 122 y 129 de la Constitución Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se reservan la aplicación de la ley común por sus respectivos tribunales locales.
El artículo 116 de la Constitución Nacional no es más que un explícito refuerzo de la mencionada directriz, esencial de la forma federal que la Argentina adoptó para su gobierno, desde el momento en que la competencia de la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores de la Nación se extiende al conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por las leyes nacionales, “con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75”.
Tal reserva fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia. Luego de la reforma de 1994, la Ciudad de Buenos Aires goza de las mismas facultades jurisdiccionales inherentes al concepto jurídico de autonomía.
En ese sentido, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su artículo 106 asignar a su Poder Judicial “el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales…”.
Según la ley 189 “se considerarán autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejercen potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad” (art. 1º); y “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código, todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamentación u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contencioso administrativa es de orden público” (art. 2º).
Recientemente el Superior Tribunal de la Ciudad, en voto de Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás, en una sentencia referida al juzgamiento de delitos creados con posterioridad a la ley 24.588 (desarmado y venta de autopartes) recordó “la regla general según la cual asisten a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como propias, todas las facultades no delegadas a la Nación en el texto de la Constitución Nacional ni retenidas o conservadas por el gobierno federal”. Añadió que si bien pudo sostenerse en alguna oportunidad que los poderes del gobierno central habían sido delegados por las provincias por ser éstas históricamente preexistentes a la organización nacional, tal criterio puramente cronológico no se ve convalidado por el hecho cierto de que existen nueve (9) estados provinciales que adquirieron dicho estatus después de suscripto el Pacto Constitucional originario. Con ello, abandonado el criterio puramente cronológico, debe concluirse que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en situación de igualdad, con equivalente representación en la instancia federal del Senado (ver voto en disidencia de Zaffaroni, en Fallos: 330:5279) y con la única restricción que puede derivarse, para la Ciudad de Buenos Aires, de ser asiento de los poderes federales.
Luego, de modo contundente, han afirmado que “desde una concepción de Estado basada en el principio de soberanía popular y en la forma republicana de gobierno, los estados locales delegantes no concurren a esa delegación con poderes reconocidos como propios en sentido estricto, sino como resultantes de un aporte de los individuos a quienes representan. Desde esta perspectiva, no caben dudas acerca de que el ‘pueblo’ —cuya soberanía constituye uno de los principios fundamentales de la CN y base de los poderes que ejercen las autoridades que establece— es tanto el que reside en las Provincias, como el que lo hace en la Ciudad de Buenos Aires. Negar facultades propias de los estados locales a esta Ciudad importa negar la igualdad entre pares; esa igualdad que exige reconocer iguales gobiernos para personas iguales y con idénticos derechos a los de sus vecinos” (“Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de incompetencia en autos ‘NN s/ inf. art. 00 —presunta comisión de un delito—’”. Exp. 6397/09, del 27/08/09).
Tratándose en el caso de una acción de amparo interpuesta para cuestionar una decisión del Registro Civil de la Ciudad, de acuerdo al marco constitucional y legal detallado, resulta indudable la competencia del tribunal para resolver en el sub examine.
IV. Que respecto a la procedencia de la vía, si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 320:1339, 2711; 321:2823; 330:5201, entre otros).
En el caso, la defensa de la demandada vinculada con la improcedencia de la vía escogida no ha sido debidamente sustentada. Entonces, la acción de amparo resulta admisible atento a que su empleo no reduce las posibilidades de defensa de las partes en cuanto a la extensión de la discusión y de la prueba (Fallos: 320:1339 y 315:2386). Nótese que el Gobierno se limitó a proponer sólo un oficio al Registro Civil, el que fue ordenado y contestado, según las constancias del expediente (fs. 62 y 69).
En conclusión, los argumentos de orden fáctico y procesal esgrimidos no tienen entidad suficiente para dilatar el control de constitucionalidad que constituye la primera y principal misión de los tribunales (confr. arg. de Fallos: 318:1154; 323:2256). Sigue leyendo