derecho de acceso a la información pública


China, uno de los países con mayores restricciones a la libertad de expresión en la
actualidad, fue la fuente de inspiración de la primera ley formal de acceso a la in-
formación pública en el mundo. La norma se sancionó en Suecia en 1766, diez años
antes de la independencia de los Estados Unidos y a trece del estallido de la Revo-
lución Francesa. Su mentor fue Anders Chydenius, padre de las ideas liberales en
Escandinavia, que descubrió en un viaje por Oriente que los emperadores chinos
estaban sometidos a un comité que vigilaba a los funcionarios oficiales y señalaba
los posibles actos de corrupción estatal.

Plasmadas así en la llamada ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso
a las Actas Públicas, las ideas de Chydenius fueron incorporadas por las Naciones
Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: el derecho
a “investigar y recibir información” no puede desligarse de la propia libertad de
expresión. Sin embargo, tuvieron que pasar casi dos siglos para que el derecho al
acceso a la información se fuera cristalizando como tal en más países: Finlandia, en
1951; Estados Unidos, en 1966; Dinamarca y Noruega, en 19701. Desde finales del
siglo XX, la tendencia avanzó –con matices– hacia Europa y, más aisladamente, a
otros continentes. Desde 2003, la Argentina también cuenta a nivel nacional con
un decreto presidencial –no una ley– que reglamenta este derecho.

El ejercicio del derecho de acceso a la información le permite a cualquier persona
conocer datos, registros, imágenes u otra información en poder del Estado, con
excepción de la que se halle protegida por alguna razón superior. Esto es una deri-
vación del requisito de publicidad que deben tener todos los actos de gobierno en
un sistema republicano. Y no se agota en el mero acto de pedir una información,
sino que la puesta en práctica de este derecho –el hecho de acceder a determinada
información de interés público– puede facilitar el ejercicio de otros: reclamar por
una decisión gubernamental injusta, decidir si participar o no en una licitación pú-
blica, poder gozar de un sistema de salud o definir un voto.
Para nosotros, los periodistas en particular, esta manera de interpelar a los organis-
mos estatales puede resultar una herramienta de trabajo muy útil.

fuente: acceso a la información pública, guía práctica para periodistas sobre el uso del decreto 1172 (Banco Mundial).

agrego que la ciudad autónoma de buenos aires tiene una ley al respecto, la 104.

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Un pensamiento en “derecho de acceso a la información pública

  1. elsi

    Me encantó leer tu blog Me permite conocer cuanto sabes y cuanto puedes enriquecer esta política que necesita de personas honestas y preparadas con conocimiento y capacidad para situarse en los asuntos de estado que piden ser analizadas y resueltos desde conceptos nuevos que permitiran que mucha mas gente crea nuevamente que el cambio es posible. Que creyendo se comprometa y apoye a los que como tu trabajan silenciosamente pero con seriedad para motivar y generar un estado y políticos comprometidos y honestos al servicio de la sociedad y la Patria

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