Ley de acceso a la información en Argentina

Argentina no cuenta aún con una ley de acceso a la información pública. El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se encuentra frenado en la Cámara de diputados. Por el momento lo vigente es el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública. Algunas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con normativas propias al respecto. Aquí un buen post de chequeado.com explicando la situación.

¡grande Lula!

ayer tuve un momento de deleite, para mí y para este blog, cuando leí la siguiente declaración de Lula aquí:

Para mí el arte de la democracia es ése: que la gente tenga seguridad de la calidad de la información, de la honestidad de la información y de la neutralidad de la información.

Así fue cómo un día le puse la bajadita democracia=com+info a mi blog. Así fue que ayer me puse contenta al leerlo by Lula adicionalmente otras coisas que sostuvo.

la información pública es un derecho

Me llega esto de parte de varias asociaciones que insisten para que un derecho esencial (expresado en la Constitución desde 1994) para nuestra democracia, como es el acceso a la información pública, sea ley. Desde 2003, lo tenemos a nivel nacional asegurado por decreto, el 1172/03, y en la ciudad autónoma de buenos aires, a través de la ley 104. Ahí va:

En pleno debate parlamentario

Campaña por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública

Organizaciones de la sociedad civil promueven la adhesión a la campaña “Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!”, por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Actualmente, la discusión se da en simultáneo en ambas cámaras del Congreso.

Luego de que el acceso a la información pública recobrara protagonismo en el Congreso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en pos de la plena vigencia de este derecho en la Argentina, lanzó la campaña “Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!,” para involucrar a la ciudadanía en el reclamo por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

La Campaña, que está abierta a adhesiones a través del sitio www.saberesunderecho.org, busca destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales (como la salud y la educación), monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.

En un documento entregado a todos los senadores y diputados de la Nación, el grupo de organizaciones reclama la sanción de la demorada ley y plantea los estándares mínimos que debería cumplir para garantizar el ejercicio pleno de este derecho que, desde 1994, está reconocido en forma expresa en la Constitución Nacional.

Si bien el derecho de acceso a la información pública tiene plena vigencia en nuestro país por su recepción constitucional, una ley específica permitiría garantizar reglas claras para su ejercicio y posibilitaría que toda persona pueda reclamar ante los organismos del Estado distintos datos y documentos públicos.

La coalición de organizaciones abajo firmantes sostiene que una ley de acceso a la información pública debe establecer mecanismos claros para poder reclamar y recibir información que se encuentra en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de crear una autoridad de aplicación eficaz, fijar plazos breves para la entrega de estos datos y establecer excepciones concretas en las que sea posible restringir la información, entre otros aspectos relevantes.

La presentación de varios proyectos de ley por parte de un alto número de representantes de todo el espectro político, potenció el debate parlamentario en el Congreso Nacional. La sociedad civil celebra este avance, pero llama la atención sobre el tratamiento simultáneo que se le está otorgando en ambas cámaras y pide a senadores/as y diputados/as, que coordinen el trabajo y generen los consensos necesarios para sancionar la mejor ley posible.

Sucede que, sancionar una ley de acceso a la información es una deuda pendiente en la Argentina. Su tratamiento fue repetidamente postergado desde que a fines de 2005 perdiera estado parlamentario un proyecto que contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que había sido elaborado con un alto grado de participación por parte de distintos actores sociales.

Las organizaciones que impulsan esta Campaña por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública son:

- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
www.acij.org.ar

- Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
www.adc.org.ar

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
www.cels.org.ar

- Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
www.cippec.org

- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
www.ela.org.ar

- Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
www.fopea.org

- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
www.farn.org.ar

- Fundación Mujeres en Igualdad (MEI)
www.mujeresenigualdad.org.ar

- Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
www.feim.org.ar

- Poder Ciudadano
www.poderciudadano.org

petitorio por el veto a la prórroga del cumplimiento del cupo laboral en la ciudad

Los/las invito a firmar el petitorio de REDI. El 15/10 algunos diputados votaron en contra en la legislatura pero no alcanzó… Se trata de ley 3230 que fija una prórroga de 1 año del cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se establece que el 5% de los empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de las empresas concesionarias de servicios públicos deben ser personas con discapacidad, en concordancia con lo dispuesto por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.

Aquí el mensaje:

Como muchos/as sabrán, la Legislatura de la Ciudad por medio de la ley 3.230 intenta prorrogar el cumplimiento del cupo laboral de Personas con Discapacidad en la Ciudad. Le estamos solicitando al Jefe de Gobierno que vete dicha ley.

Les pedimos que por favor accedan al petitorio online, lo lean y, si están de acuerdo, lo firmen:

cupo

Se agradece la firma y la difusión!!!

Muchas Gracias,
REDI Asociación Civil
www. rediderechos.blogspot.com

ley-medios-comunicación

podría titular este post nuevamente “¿como queremos vivir?“. Es que la ley de servicios de comunicación audiovisual que está en pleno debate  hoy en el Congreso (y no me refiero a las apuradas audiencias públicas que aparecen como mero trámite formal mientras que las grandes decisiones se tejen/tejerán/¿tejieron ya? en otros despachos) definirá ni más ni menos gran parte de cómo viviremos en los próximos años. Es que la vida en democracia pasa 100% por los medios, y es por eso que quiero detenerme en los 2 sustantivos “servicios” y “comunicación”. Esto nos da la idea de que habrá un emisor a nuestro servicio (genial) para satisfacer nuestra “demanda” de información/espectáculo que, amigas y amigos, es un derecho constitucional. Ups.

En su promesa discursiva, en su propaganda, el gobierno promete mayor pluralidad, mayor participación, y rotura de monopolios (de los cuales se acuerda a 6 años de haber tomado el poder). ¡Una nueva era!

Siiii, clamamos todos los que queremos un cambio, los que queremos decir, pensar y sentir que vivimos en una democracia cuya ley de regulación de medios fue prohijada por ella y no impuesta por la dictadura. Somos LA mayoría coincidiendo en este punto. Este punto nos une, nos fortalece. Pero, enseguida sobrevienen muchos otros que nos preocupan y nos vuelven a dividir y a alejar del gobierno cuyas buenas intenciones son difíciles de creer cuando es tan obvio que alientan la inconstitucionalidad y solo buscan reforzar el archihipersuper-presidencialismo que supimos conseguir.

En mi recorrida encontré una muy buena explicación aquí, donde queda claro que los 21 puntos no pueden ser el catalizador de decenas de otros puntos que son, en rigor de verdad, contradictorios con este consenso inicial que tanto trabajo y esfuerzo llevó y que recorta el horizonte al que debemos aspirar.

Dice la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los 21 •:

Es indispensable una nueva Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. Es inadmisible la exclusión de importantes sectores a la radio y la televisión.
Necesitamos medios públicos fuertes, al servicio de todos y no de los gobiernos de turno.
El derecho a la comunicaciónes un derecho humano fundamental.

Siiii, bravo, claro, lluvias y cataratas de si. Ahora leo aquí que: ¡estamos rozando la inconstitucionalidad en nombre de la buena intención de hacer nuestra democracia más democrática! Sostiene Gargarella: “Todas las leyes, pero especialmente aquellas que tocan los nervios más sensibles de la Constitución, requieren estar precedidas de una discusión amplia y plural, y no de una ficción de discusión. Todas las leyes, pero especialmente aquellas que pueden hacer más difícil la alternancia en el poder, requieren de una justificación pública extraordinaria, a riesgo de ser fatalmente sospechosas de inconstitucionalidad. (…) El Gobierno, sin embargo, bastardea cada uno de los criterios señalados: alega a su favor la discusión que antecedió al proyecto, cuando dicha discusión rechazó aspectos esenciales de lo que hoy él proclama; bloquea ilegalmente la discusión parlamentaria del proyecto, en Comisiones que legítimamente se lo reclaman; convoca a audiencias públicas sin aliento, ridiculizando la apertura de la que se jacta; publica aceleradamente sus decisiones en el Boletín Oficial, delatando -como ya lo hiciera con su reforma al Consejo de la Magistratura- su disposición a actuar discrecionalmente, sin prestar atención a los dichos de sus opositores. Convendría avisarle al Gobierno: las picardías de las que se ríe en secreto configuran faltan graves, que dañan la validez jurídica de lo que está haciendo. (…) No hay razones para aceptar atropellos”.

Finalmente ayuda al debate el aporte de la ADC que pueden leer aquí.

Yo, cruzo los dedos, lamento tanto las risas en secreto y espero que en el Congreso puedan estar atentos y lúcidos aquellos actores que aún puedan  (si resta margen de aquí a diciembre) aportar agua para un molino verdaderamente más democrático, constitución en mano y corazón y mente mirando el presente y el futuro, si es que realmente quieren torcer el rumbo de lo que ya hemos probado hasta el empacho.

derecho de acceso a la información pública

China, uno de los países con mayores restricciones a la libertad de expresión en la
actualidad, fue la fuente de inspiración de la primera ley formal de acceso a la in-
formación pública en el mundo. La norma se sancionó en Suecia en 1766, diez años
antes de la independencia de los Estados Unidos y a trece del estallido de la Revo-
lución Francesa. Su mentor fue Anders Chydenius, padre de las ideas liberales en
Escandinavia, que descubrió en un viaje por Oriente que los emperadores chinos
estaban sometidos a un comité que vigilaba a los funcionarios oficiales y señalaba
los posibles actos de corrupción estatal.

Plasmadas así en la llamada ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso
a las Actas Públicas, las ideas de Chydenius fueron incorporadas por las Naciones
Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: el derecho
a “investigar y recibir información” no puede desligarse de la propia libertad de
expresión. Sin embargo, tuvieron que pasar casi dos siglos para que el derecho al
acceso a la información se fuera cristalizando como tal en más países: Finlandia, en
1951; Estados Unidos, en 1966; Dinamarca y Noruega, en 19701. Desde finales del
siglo XX, la tendencia avanzó –con matices– hacia Europa y, más aisladamente, a
otros continentes. Desde 2003, la Argentina también cuenta a nivel nacional con
un decreto presidencial –no una ley– que reglamenta este derecho.

El ejercicio del derecho de acceso a la información le permite a cualquier persona
conocer datos, registros, imágenes u otra información en poder del Estado, con
excepción de la que se halle protegida por alguna razón superior. Esto es una deri-
vación del requisito de publicidad que deben tener todos los actos de gobierno en
un sistema republicano. Y no se agota en el mero acto de pedir una información,
sino que la puesta en práctica de este derecho –el hecho de acceder a determinada
información de interés público– puede facilitar el ejercicio de otros: reclamar por
una decisión gubernamental injusta, decidir si participar o no en una licitación pú-
blica, poder gozar de un sistema de salud o definir un voto.
Para nosotros, los periodistas en particular, esta manera de interpelar a los organis-
mos estatales puede resultar una herramienta de trabajo muy útil.

fuente: acceso a la información pública, guía práctica para periodistas sobre el uso del decreto 1172 (Banco Mundial).

agrego que la ciudad autónoma de buenos aires tiene una ley al respecto, la 104.

macri lejos de tom cruise

leo hoy en el blog de diana maffía una “misión imposible”:

foto c.a.s.

Si alguien desea conocer mediante la web, el directorio de dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las personas a cargo emprenderá una misión imposible. A pesar de que el acceso a la información y la transparencia en la gestión de gobierno se encuentran garantizados por la Constitución porteña y la Ley de Acceso a la Información Pública, los contenidos de las páginas oficiales porteñas no están actualizados.

Sólo para dar un ejemplo, el organigrama del Ministerio de Salud no está actualizado, cuando el mismo fue modificado el 16/02/2009, y entre los destacados de la sección de Salud Mental de la página aparece una “Breve guía de prestaciones y recursos en Salud Mental” donde consta como Ministro de Salud el Dr. Alberto De Michelli, quien cesó en su cargo hace dos años.

Es por esto que presenté un proyecto de ley para que los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires renueven  contenidos, directorios y organigramas en sus páginas web en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contabilizados desde el acto o hecho que produzca modificación alguna en la información.

La falta de actualización de los contenidos es un grave perjuicio para el ejercicio de una ciudadanía informada. Esta situación vulnera los principios de acceso a la información y de transparencia en la gestión.

Conozca aquí el proyecto

e880-2009.doc

el proyecto ya fue despachado por la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura porteña y en cuanto haya una sesión (estamos en campaña, sra. democracia, sabrá comprender) debería ser votado por los/las diputados/as. A partir de allí la pelota pasa al Ejecutivo que por ahora se hace el distraído y prefiere evitar el juego democrático.

Los/as mantendré informadxs… salute